Por MDO/E.P.

El Juzgado de Instrucción Número cuarenta y siete de la villa de Madrid ha abierto diligencias con la meta de determinar si hubo delito informático en la votación por la que el día de ayer en el Congreso se aprobó la reforma laboral, con un voto de diferencia, una vez que el miembro del Congreso de los Diputados del Partido Popular Alberto Casero votase en favor de exactamente la misma. Este miembro del Congreso de los Diputados adujo que se había producido un fallo informático al producir el voto telemático desde su casa, con lo que se desplazó al Congreso, mas no le dejaron entrar en el graderío.

En un auto de este viernes, el juez instructor ha explicado que ha tomado esta resolución una vez que un particular presentase una demanda.

El denunciante había pedido a la Guarda Civil que accediese al domicilio del miembro del Congreso de los Diputados del Partido Popular Alberto Casero, quien afirmó haber tenido inconvenientes técnicos en la votación telemática. Asimismo había requerido a la Benemérita que asistiera al Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados «para proceder al análisis de terminales y sistemas precisos».

Se da la coyuntura de que por fallo en un primer auto el juzgado apuntó que el denunciante era el propio Casero, algo que fuentes jurídicas se han encargado de desmentir esta tarde apuntando a un posible fallo en el momento de escribir la resolución.

El juez Adolfo Carretero, que se hallaba de guarda, fue quien dio traslado al Ministerio Público a fin de que se pronunciara a este respecto de las diligencias pedidas. Ante semejante solicitud, la Fiscalía presentó un informe en el que se opuso a exactamente las mismas al no considerarlas urgentes, conforme han precisado fuentes fiscales.

Puras sospechas

Una vez recibida la contestación del Ministerio Público, el juez Carretero ha considerado, en un nuevo auto, que «no ha sitio ahora a la diligencia pedida» por el denunciante –en un caso así ya sí aparece como denunciante Esteban Gómez Rovira y no Casero–, si bien ha señalado que ello no se traduce en que en el curso del procedimiento no se pueda pactar dicha diligencia.

El juez ha explicado que a fin de que la Guarda Civil se persone en el domicilio del miembro del Congreso de los Diputados del Partido Popular y ocupe terminales y sistemas «se precisa autorización» del líder –algo que no consta– o bien un auto de entrada y registro judicial «basado en rastros claros de delito y no en puras sospechas como menciona la demanda presentada».

Además, ha señalado que para presentarse en el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados es precisa la autorización de la Presidente del Congreso, con arreglo al artículo quinientos cuarenta y ocho de la Ley de Enjuiciamiento Delincuente, algo que «tampoco consta ahora».

Siendo de este modo las cosas, el juez ha concluido que «no existe emergencia para la práctica de estas diligencias». Conforme consta en el auto, la investigación va a deber someterse ahora a reparto para determinar cuál de los juzgados de instrucción de Plaza de Castilla deberá hacerse cargo.

La demanda ha sido presentada por un letrado que ha presentado cuando menos 2 demandas en los juzgados madrileños contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) José Félix Tezanos. Las dos fueron archivadas.