Orden de distanciamiento de quinientos metros al demandado por protestar frente a la residencia de Iglesias

Orden de distanciamiento de quinientos metros al demandado por protestar frente a la residencia de Iglesias

Por MDO/E.P.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba (la capital española) ha impuesto este martes una orden de distanciamiento de quinientos metros y prohibición de comunicarse al hombre que protestó en frente de la residencia del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, por la administración del Ejecutivo de la pandemia del coronavirus. Iglesias se querelló contra este por 6 delitos al considerarle como el «instigador» de dichas manifestaciones.

El juez ha admitido tanto la solicitud formulada por la Fiscalía de la capital española como la defensa de Iglesias y de la ministra de Igualdad, Irene Montero, a fin de que prohibiese al demandado acercarse a su domicilio o bien sitio de trabajo, aparte de comunicarse con ellos por cualquier canal, aunque ha acordado la distancia pedida por el Ministerio Público.

Los abogados de los líderes de Podemos han interesado que la orden de distanciamiento fuera de tres quilómetros. Miguel Ángel Frontera ha aceptado su participación en las quejas en frente de la residencia de Iglesias y Montero en Galapagar en sus declaraciones frente al juez, conforme fuentes jurídicas presentes en la comparecencia judicial.

En este sentido, conforme han indicado las fuentes consultadas, Frontera ha explicado que estas han sido motivadas por la administración de manera especial por la administración que ha hecho Iglesias de las residencias de jubilados en frente de la covid-diecinueve. La defensa del demandado, ejercida por la letrada Polonia Castellanos, ha pedido el fichero de las actuaciones al comprender que no existe ninguna prueba de la comisión de ningún delito.

Iglesias presentó una querella en julio

Iglesias presentó el mes pasado de julio una querella contra Miguel Ángel Frontera Díaz por los supuestos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, perturbación del orden público y contra los recursos naturales y el medioambiente.

Iglesias y Montero aseguraron que sentían «temor» de las quejas cuando comparecieron este lunes frente al juez por videoconferencia para aprobar la demanda. También, han subrayado en sus declaraciones que aun sus estilos de vida se han visto perturbados, han señalado exactamente las mismas fuentes jurídicas.

El escrito, al que tuvo acceso Europa Press, explica que la conducta de Frontera Díaz se lleva sucediendo diariamente cuando menos desde el pasado quince de mayo, «acosando y profiriendo insultos como llamarle ‘garrapata’ o bien términos de clase afín».

Delito de revelación de secretos

Conforme consta en el escrito, «los medios refieren que el atestado le imputa un delito de revelación de secretos» por una serie de actuaciones por la parte del demandado como encaramarse al muro de la propiedad para grabar un vídeo del interior con su móvil. Por este hecho fue detenido por la Guarda Civil presentes en la zona.

En el relato que hacen los abogados del vicepresidente asimismo se resaltan otras actuaciones por la parte del demandado como llevar un equipo con megafonía para sus quejas, lo que supone un «impacto acústico sobre toda la zona del parque natural y la zona residencial de incierta legalidad», y promocionar su actividad en las redes sociales, donde anuncia su pretensión de ir de nuevo y convoca a otros.

«Todas y cada una estas actuaciones alteran el orden público, con marcado carácter de vandalismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de Don Pablo Manuel Iglesias Turrión y del resto de sus vecinos, no pueden ser confundidas con el legitimo derecho de asamblea, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución», explica el escrito, que considera que la conducta de Frontera «no es una queja política, sino más bien una animadversión personal y de odio al vicepresidente y a su familia», concluye la demanda.

Además, el escrito habla de un delito de acoso por la parte de Frontera, «pues ejercita una vigilancia incesante sobre el domicilio sin autorización de ningún género por la parte del demandado o bien su pareja» y «se genera un atentado a la libertad de Don Pablo Iglesias puesto en el tiempo en que el demandado está en las proximidades de la residencia, impide el disfrute de su libertad deambulatoria propia y de su familia, la visita de amistades y familiares, etc».

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