Por MDO/E.P.

Más la capital de España ha presentado este viernes un escrito frente a la Fiscalía Singular contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada a fin de que investigue el contrato de urgencia vinculado al hermano de la presidente, Isabel Díaz Ayuso, puesto que comprende que podría haber «cohecho» y «tráfico de influencias» y presagian que es «la primera piedra» de un caso mayor de corrupción.

De este modo lo ha precisado la portavoz, Mónica García en la entrada de la Fiscalía, donde ha indicado que la capacitación está estudiando «más contratos» que podrían ser sospechosos de irregularidad.

En el texto registrado, la capacitación incluye sms anónimos recibidos en el mes de noviembre en el que se advertía del contrato en cuestión que ha liberado un cisma entre Ayuso y la dirección nacional del Partido Popular.

«Cuando ingresó los pagos de la CM hizo transfer de trescientos euros a Tomás Díaz Ayuso (…). El término de esas trasferencias es intermediación Comunidad de la capital española (…) Mas si la intermediación ya sería delictiva, abonar un veinticinco por ciento del importe de un contrato quiere decir que Alcazar es un testaferro de Tomás Ayuso», rezan una parte de los mensajes mandados a Mónica García y al líder de Más País, Íñigo Errejón.

A renglón seguido, apunta que el responsable jurídico de Más la capital de España estudió estas informaciones «sin observar elementos suficientes para darle veracidad» para elevarlas al Ministerio Fiscal.

García ha señalado en la puerta de la Fiscalía que lo que queda por esclarecer es si es «prevaricación, malversación, cohecho o bien tráfico de influencias», mas que se trata de el comienzo de un caso de «corrupción más grande» que va a llevar a «imputaciones».

«No es la última vez que vamos a venir a Fiscalía pues ya estamos examinando otros contratos como los aeroplanos, el Zendal o bien ciertas de los contratos de urgencia», ha advertido la portavoz de Más la capital de España.

Comprende que el hermano de Ayuso empleó «o bien una compañía pantalla» con su amigo de testaferro o bien «hubo un claro caso de tráfico de influencias» pues «se ha llevado doscientos ochenta euros en plena pandemia».

De esta manera, piensa que caso de que se confirme la conducta como un acto delictivo deberían declarar el hermano de la líder, la compañía y asimismo «los que han hecho la contratación» por el hecho de que «se hacían otros contratos» donde la diferencia del costo de la mascarilla era notable.

Considera además de esto, que la Comunidad ha intentado elevar un «muro de opacidad» ambiente a este tema que terminó derrumbándose con la comparecencia de Ayuso cargando contra la dirección de su partido.

UP demanda saber «el término» de la «comisión recibida»

La portavoz de Unidas Podemos en la Reunión de la capital española, Carolina Alonso, ha registrado este viernes asimismo un escrito frente a la Fiscalía contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada a fin de que investigue el contrato de urgencia al comprender que hubo «mediación» con el Gobierno regional y que logró una «comisión» por esta razón.

De este modo figura en el escrito en el que recogen, entre otros muchos, las declaraciones del presidente nacional del Partido Popular, Pablo Casado, en las que estimaba en doscientos ochenta euros la presunta compensación al hermano de la líder autonómica.

«Deseamos saber el término por el que recibió la comisión pues es curioso que sea un cobro superior al beneficio empresarial«, ha lanzado Carolina Alonso en la puerta de la Fiscalía.

También, ha recordado que desde la capacitación se han pedido explicaciones de múltiples contratos, que se ha llamado a comparecer a consejeros mas que se sostiene la «falta de información». «Son sospechosamente irregulares muchos contratos», ha zanjado.

Partido Socialista Obrero Español solicita investigar por «tráfico de influencias»

El Partido Socialista de la villa de Madrid ha presentado este viernes una demanda frente a la Fiscalía demandando que investigue el contrato, en tanto que comprenden que podría haberse cometido «tráfico de influencias» y «malversación de caudales públicos». De este modo figura en el documento y que está firmado por los portavoces adjuntos del Partido Socialista Pilar Sánchez Acera y Jesús Celada.

La demanda se interpone contra «todas y cada una aquellas autoridades, funcionarios y articulares que puedan aparecer como responsables» de la presunta comisión de «delitos de prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y caudales públicos».

A la Fiscalía ha acudido al lado de Sánchez Acera y Celada el portavoz del conjunto y secretario general del Partido Socialista-M, Juan Lobezno, quien ha señalado que «cuanto más se oye más dudas hay» tras las declaraciones tanto de Ayuso como del presidente de su partido, Pablo Casado, en Cope.

«Hemos oído a Casado decir que consiguió la información de manera directa de la administración, hemos oído charlar de testaferros e inclusive a Ayuso decir que ni tan siquiera ha preguntado a su hermano por la comisión», ha insistido Lobezno, quien ha reclamado nuevamente a la presidente que explique los pormenores sobre esta presunta comisión «de más de una cuarta parte de millón de euros».

Comprende además de esto, que la información presentada hasta el momento por la líder regional es «completamente deficiente» pues no aclara el fondo del tema ni si ha existido un «posible interés particular» por su hermano. «Si es legal o bien no lo va a decidir la Justicia, mas lo que no es desde entonces es ético», ha remarcado.

Además, ha censurado que Ayuso ha abierto esta mañana más dudas sobre si habría «otros contratos» por el hecho de que «no le ha preguntado».

Por otra parte, ha asegurado que Casado debería haber ido a Fiscalía hace 6 meses cuando conoció de estos hechos que podrían tener «consecuencias jurídicas muy graves». «Le demandamos a Ayuso y Casado que den la cara y pongan en conocimiento de la Justicia toda la información que tengan. El Partido Socialista Obrero Español será inexorable», ha advertido.

Además, ha recordado que del Pleno monográfico de contratación salió la resolución política de abrir una comisión de investigación mas que cuando llegó el instante de ponerla en marcha «el Partido Popular la bloqueó con Vox». Comprenden que hay que reanudarla por el hecho de que hay que fiscalizar hasta el «mínimo detalle» lo ocurrido con los contratos de urgencia donde «había comisiones del veinte por ciento «.

«El día de ayer nos despertamos con 2 acusaciones gravísimas y nos acostamos con 2 certidumbres todavía más graves. La acusación del Partido Popular a Ayuso sobre comisiones ilegales que entonces reconoció y la de Ayuso al Partido Popular de espionaje confirmados por la renuncia de Carromero. ¿De qué forma posiblemente los dos tuviesen la verdad en la acusación del otro y no afirmaran la verdad cuando la defensa de sí?», ha reprochado Lobezno, quien ha señalado la necesidad de «ejemplaridad» en la villa de Madrid.