La Comunidad de la villa de Madrid cuenta a data de treinta y uno de marzo con un total de tres mil setecientos nueve menores con medidas de protección, de los que dos mil seiscientos treinta y siete (el setenta y uno con uno por ciento ) son españoles y mil setenta y dos (el veintiocho con nueve por ciento ) son extranjeros y de estos últimos doscientos sesenta son ‘menas’, o sea, no están acompañados.

Ciertos de estos menores están en acogida (familias de acogida, sus familiares) y otros están atendidos por la red de centros residenciales de protección, conforme datos facilitados a Europa Press por la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

Esta red de centros de protección para menores está formada por noventa y ocho recursos residenciales que ofrecen un total de mil novecientos tres plazas adaptadas a las diferentes necesidades que presentan estos menores con medidas de protección asumidas por la Comunidad de la capital de España, con independencia de su nacionalidad.

El gasto para sostener el funcionamiento de todos estos centros, cuya administración puede ser indirecta por medio de la Dirección General de Niñez, Familias y Natalidad o bien directa por medio de la Agencia Madrileña de Atención social (AMAS), ascendió a noventa y seis con uno millones de euros en dos mil veinte.

Ciertos de estos recursos atienden a colectivos concretos (menores extranjeros no acompañados, pequeños de 0 a diez años, adolescentes de trece a diecisiete, centros expertos en salud mental…) y otros están a predisposición de todos y cada uno de los menores con medidas de protección asumidas por la Comunidad de la villa de Madrid, como los centros de primera acogida, con lo que «no disponen del dato preciso del costo de un conjunto concreto atendiendo a su edad o bien nacionalidad».

Desde la Consejería insisten en que el costo mensual de las plazas de la red de centros de protección para menores no está relacionado con la nacionalidad del menor al que atiende, sino más bien «con la tipología de servicios que ofrece y que pueden suponer un mayor o bien menor costo».

De esta manera, por poner un ejemplo, un centro concreto que ofrece atención especializada para menores con inconvenientes de conducta, contrariedades de adaptación y/o consumo de tóxicos y que atiende tanto a menores españoles como extranjeros tiene un costo mayor que otro destinado al acogimiento residencial en hogares de menores de 0 a dieciocho años.

El Gobierno regional insiste en que estas cantidades «no son en ningún caso ayudas sociales, sino más bien el costo de los servicios que la Comunidad de la villa de Madrid debe prestar por obligación legal como entidad pública de protección de menores».

Controvertido cartel

La campaña electoral madrileña de cara al cuatro-M ha sido convulsa ya antes aun de entrar oficialmente en tiempo de campaña, mas el cartel electoral de Vox ha incendiado más la situación. En tal cartel, situado en la estación de Sol, atenta de manera directa contra los menas (menores extranjeros no acompañados) comparándolos con los mayores en un claro tono xenófobo.

El cartel reza: «un MENA cuatro.700 euros por mes, tu abuela cuatrocientos veintiseis euros de pensión». Una aseveración muy descontextualizada, con datos falsos y que discrimina y criminaliza a un colectivo. El anuncio ha generado gran rechazo y polémica, en verdad, la Fiscalía de la villa de Madrid ha abierto una investigación por un posible delito de odio.