Hoy martes se comienza la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los que ya antes se conocían como secretarios judiciales.

Un paro que empieza hoy día veinticuatro y va a ser indefinido, conforme las asociaciones convocantes: La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Instituto Nacional de LAJ.

El colectivo demanda mejoras laborales y salariales, puesto que remarcan que desde el instante en que en dos mil nueve se alteró la ley, se les atribuyeron «trescientos nuevas funciones» sin una subida salarial debido a la circunstancia económica, si bien el Ejecutivo les aseguró que se acomodaría en el futuro.

Más de diez años después critican que no se ha hecho, de la misma manera que con «la necesidad de ajustar el marco de negociación colectiva a las características particulares del cuerpo funcionarial». Demandas que prosiguen sin ser atendidas.

Por este motivo han comenzado la primera huelga indefinida del gremio en los más de cuarenta años de democracia de España.

«Alcanzados unos pactos de mínimos con la presente Sra. Ministra de Justicia, Dña. Pilar Llop Cuenca, no obstante, estos han sido de manera flagrante infringidos. Por más que con una carta con verdades a medias y falsedades completas nos procuren decir otra cosa: manipulando cifras para esconder que la adecuación de la LPG dos mil veintiuno se ha quedado en ciento noventa y cinco euros y no una “subida sin parangón”. Mas no se puede esconder lo que vemos en nuestras nóminas, por más que aun en ellas cometan un sinfín de fallos», se puede leer en su comunicado web.

Solicitan el cese del secretario de estado de Justicia

El año pasado efectuaron ya múltiples paros mas aseguran que el Gobierno no ha cumplido y ahora han empezado la huelga indefinida.

A toda la situación se ha unido la polémica con Antonio Julián Rodríguez, secretario de estado de Justicia, que cargó contra los convocantes señalando que se trata de una huelga «política», «contra el pueblo» y que no tiene «finalidad profesional alguna».

Unas declaraciones que no han sentado nada bien al gremio y por las que solicitan su cese inmediato.

«Tal cúmulo descalificaciones, en boca de un líder público, frente al ejercicio de un derecho constitucionalmente reconocido no tiene parangón en un estado democrático. Nosotros tenemos derecho de huelga, la ejercitamos por los cauces legales, demandamos mejoras laborales y salariales, y se ejercitan por deseas en la LOPJ tienen atribuida la defensa y representación de los Letrados de Justicia, y por un sindicato ASSEJUS, para ser más limpios», le han reprochado.

Asimismo se dirigen a la ministra, Pilar Llop, a fin de que «desautorice» sus palabras y «si la Ministra no es capaz de cesarlo, quien debe renunciar es «, remarcan.

Si el seguimiento de la huelga es alto, algo que desde las asociaciones aseguran que es así «a pesar de los exagerados servicios mínimos», se podría inmovilizar una gran parte de la actividad judicial de todo el país.