Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto el nuevo año judicial con un alegato en el que ha señalado la relevancia de la independencia judicial y la necesidad de renovar los cargos de la corporación.

Ha subrayado la «anormal situación» en la que se halla hoy el CGPJ destacando que se debe a «causas que le son totalmente extrañas», en una referencia clara al bloqueo político entre el Partido Popular y el Partido Socialista que ha provocado que el organismo lleve más de mil días sin renovar sus cargos, un orden que, tal como ha recordado, la Constitución señala que no debe perdurar más de cinco años. Ha asegurado que este orden «no tiene un perfil orientativo» en la Carta Magna y que el Congreso y el Senado tienen la obligación de cumplirlo.

“Y esta obligación es extensible a las fuerzas políticas allá representadas, sin que un deber que procede de la propia Constitución pueda subordinarse en lo que se refiere a su cumplimiento a razones de ocasión política, cualquiera que estas sean, puesto que no hay mejor manera de proteger la Constitución que intentando su cumplimiento”, ha agregado.

Recuerda a los políticos que ha pedido a los políticos seis veces que acepten su deber constitucional

Ha puntualizado que ha instado hasta en 6 ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado a cumplir con su deber constitucional -reclamación
que asimismo ha sido hecha por el Pleno del Consejo otras 3 veces a lo largo del último año sin que ninguno de esos llamamientos haya surtido efecto.

Ha señalado que la situación se ha visto agravada por la reciente Ley Orgánica 4/2021, que impide al Consejo efectuar nombramientos discrecionales mientras que esté en funciones y que fue gestionada sin recabar la opinión de esta corporación.

“La emergencia de esta reforma y su contenido se han querido basar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra corporación, como ocurre con el Gobierno en funciones, ignorando que el Consejo disfruta, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto del resto poderes públicos”, ha explicado Lesmes, de forma “que la justificación de la precisa renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras, como ciertos mantienen, sino más bien solamente de la finalización del plazo del orden establecido en la Constitución”.

Ha considerado que “unas y otras acciones” conducen implacablemente al debilitamiento de la lícita función constitucional del Consejo como garante de la independencia judicial y que “urge, por lo tanto, y por el bien de todos, que nuestra corporación desaparezca del escenario de la lucha partidista y que las fuerzas políticas concernidas, con patriotismo constitucional y esplendidez, alcancen en las próximas semanas el pacto preciso para la renovación”.

Lesmes ha calificado de “insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad” la situación provocada por la no renovación del CGPJ y ha
señalado que la imposibilidad de realizar nombramientos de cargos gubernamentales y de jueces del Tribunal Supremo pone en una realmente difícil situación a los órganos judiciales y de forma especial al alto tribunal, donde son ya once las plazas libres por cubrir de una planta de setenta y nueve jueces. “Y esto tiene sitio en un contexto social y político de la máxima dificultad provocado -entre otras muchas circunstancias- por los asoladores efectos de la pandemia, ha matizado.

«Asistimos a una situación que demanda un excepcional sacrificio de adaptación a los nuevos tiempos y que, de forma específica, demanda de todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales -y asimismo del Consejo General del Poder Judicial- una total totalidad de funciones y una absoluta disponibilidad de todos y cada uno de los efectivos y de todas y cada una de las energías posibles, para seguir con una eficiente defensa del Estado de Derecho», ha concluido.