Por MDO/E.P.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la propuesta del Ministerio de Universidades, el anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que considerará como falta muy grave las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o bien Tesis Doctoral, o bien el acoso, lo que va a suponer la expulsión de la universidad de entre un par de meses y 3 años o bien la pérdida de derechos de matrícula parcial a lo largo de un curso académico.

La discriminación, la falsificación reportaje, el incumplimiento de las reglas de salud pública, la suplantación a un miembro de la comunidad universitaria, o bien impedir el adecuado desarrollo de los procesos electorales de la universidad, van a ser asimismo consideradas faltas muy graves.

El documento volverá este miércoles al proceso de información pública, y deberá ser nuevamente aprobado por Consejo de Ministros en una segunda vuelta. Universidades espera remitir el texto terminante a las Cortes Generales a fines de este verano.

Esta Ley de Convivencia Universitaria reemplaza al Reglamento de disciplina académica de los Centros oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica, decreto firmado por Franco que data de mil novecientos cincuenta y cuatro, siendo esta regla, por ende, «anticonstitucional» y «anacrónica», dando sitio de esta manera a «inconvenientes jurídicos», conforme Universidades.

Además de esto, el Ministerio que dirige Manuel Castells asegura que dicho decreto tenía un claro «carácter punitivo» que incluía sanciones «desmedidas» y no recogía «garantías básicas de los derechos de los estudiantes frente a las faltas y sanciones que se establecían».

Conforme ha afirmado este martes la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en conferencia de prensa siguiente al Consejo de Ministros, esta Ley recoge una «extensa demanda» de la comunidad universitaria que demandaba una regla nueva, y de otros actores como el Defensor del Pueblo que, en «múltiples ocasiones», en sus informes de mil novecientos noventa, dos mil ocho y dos mil doce, señalaba la necesidad de abordar la derogación de una regla preconstitucional que continuaba actual.

Faltas graves y leves

Conforme la Ley, van a ser consideradas faltas graves acciones como apoderarse inapropiadamente del contenido de exámenes; estropear gravemente las obras que componen el patrimonio de la universidad; emplear inadecuadamente contenidos y/o medios de reproducción y grabación de las actividades universitarias sostienes a derechos de propiedad intelectual; infringir las reglas de seguridad y salud; acceder sin la debida autorización a los sistemas informáticos de la universidad; falsear los resultados de un examen o bien trabajo; y también impedir la celebración de actividades universitarias.

Sobre esto último, Universidades aclara que cualquier escrache o bien sabotaje a un acto festejado en la universidad va a ser considerado falta grave, mas al entrar en juego la libertad de cátedra y de expresión, los casos se deberán valorar de forma individual, del mismo modo que si se festejan actos para ensalzar el terrorismo, el antisemitismo o bien el franquismo, por servirnos de un ejemplo.

Para todas y cada una estas faltas graves, la sanción va a ser la expulsión de hasta un mes de la universidad en la que se hubiese cometido la falta, no pudiéndose aplicar esta expulsión a lo largo de los periodos de evaluación y de matriculación, o se sancionará con la pérdida de derechos de matrícula a lo largo de un curso académico de la materia en la que se hubiese cometido el fraude académico.

Y van a ser faltas leves, acceder a instalaciones universitarias a las que no se tenga autorizado el acceso; actuar para copiar el contenido de exámenes mediante medios fraudulentos que no tengan la consideración de graves o bien muy graves; usar los servicios universitarios infringiendo los requisitos establecidos de general conocimiento; y efectuar actos que estropeen de forma no grave el patrimonio de la universidad, siendo la sanción una «amonestación privada».

No obstante, en el caso de las sanciones por cometer faltas graves o bien leves, el órgano sancionador va a poder plantear una «medida sustitutiva de carácter educativo o bien recuperador», como va a poder ser la participación en actividades formativas, culturales, de salud pública, deportivas, de extensión universitaria y de relaciones institucionales o bien otras afines.

La Ley asimismo recoge la prescripción de las faltas y las sanciones. De esta manera, las faltas muy graves prescribirán a los 3 años, las graves a los un par de años y las leves a los 6 meses. Y las sanciones impuestas por faltas muy graves, por faltas graves y por faltas leves, prescribirán, respectivamente, a los 3 años, a los un par de años y por año.

Ley que no se aplica ni a los profesores ni a las privadas

Esta futura Ley solo va a ser de aplicación a los estudiantes –el Personal de Administración y Servicios (PAS) y el Personal Enseñante y también Estudioso (PDI) se rigen por el Estatuto de Trabajadores– y a las universidades públicas –conforme el Ministerio, las universidades privadas van a poder desarrollar sus reglas de convivencia con base en los principios contenidos en la Ley–.

Conforme el documento, se atribuye a las universidades la potestad de sancionar disciplinariamente las infracciones del alumnado, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial o bien penal que pudiese derivarse de semejantes infracciones. En este sentido, la persona titular del Rectorado va a ser eficiente para ejercer la potestad disciplinaria, salvo en el caso de las faltas leves, en que el ejercicio de dicha potestad va a poder ser atribuida a la persona titular de un Vicerrectorado.

La mediación como eje central de la ley

Aparte de tipificar las faltas, Universidades resalta que la Ley pone en el centro de la convivencia la mediación, estableciendo un sistema doble de mecanismo y procedimiento de mediación como vía primordial de resolución de enfrentamientos.

Al tiempo que con el mecanismo de mediación se busca encauzar una buena parte de los enfrentamientos de convivencia entre los miembros de la comunidad universitaria, con el procedimiento de mediación se pretende que el nuevo régimen disciplinario se aplique de forma auxiliar y residual.

O sea, el régimen disciplinario solamente va a entrar en juego en 3 supuestos: cuando las partes rechacen asistir al procedimiento de mediación; cuando la conducta sobre la que verse el expediente sancionador esté de manera expresa excluida de ese procedimiento (como los casos de acoso y violencia sexista, el fraude universitario o bien la destrucción de patrimonio); o bien cuando las partes no logren llegar a un pacto.

Finalmente, conforme con la nueva Ley, las universidades van a crear una Comisión de Convivencia encargada de encauzar las ideas y propuestas para prosperar la convivencia en la universidad, fomentar la utilización del mecanismo de mediación y, en aquellos casos en que resulte procedente, gestionar el procedimiento de mediación como opción alternativa al régimen sancionador. Esta Comisión va a contar con una representación igualiaria de estudiantes, Personal Enseñante y también Estudioso (PDI) y Personal de Administración y Servicios (PAS).