El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de la Comunidad de la capital de España ha fallado en favor de la Federación Profesional del Taxi de la Comunidad de la capital de España (FPTM) en el recurso interpuesto por las multas recibidas a lo largo del confinamiento a lo largo de la prestación de servicio en ciertos centros de salud de la capital.

Específicamente, se trata de un proceso en el que el Municipio había interpuesto más de quinientos multas a los taxis de la capital que prestaban servicio en el Centro de salud Clínico y en la clínica Nuestra Señora de la Concepción a lo largo de los meses de confinamiento en dos mil veinte. La FPTM recurrió todas y cada una de las multas, “que llegaban a repetirse hasta en 5 ocasiones en una hora al mismo vehículo y que ahora la justicia ha probado que no se establecían acorde a ninguna regulación”, ha explicado el presidente de la FPTM, Julio Sanz.

En este sentido, Sanz ha recordado que “desde la FPTM ya solicitaron al encargado del Área de Gobierno de Medio Entorno y Movilidad, Borja Carabante, que realizase una regulación singular para terminar con la descompensación existente entre la oferta y demanda que se dio a lo largo de la pandemia, al obligar a los taxistas a prestar servicio a lo largo de los peores meses”.

Y es que, frente a la situación de falta de demanda de los meses de confinamiento, el campo demandó al Municipio una regulación singular que evitase que los taxis circulasen hasta trece horas al día para hacer tres o bien cuatro servicios, esencialmente en centros de salud. “En estos instantes, el Municipio, en vez de asistir al campo, se dedicó, de nuevo, a poner zancadillas al colectivo, sancionándoles por aguardar en los centros de salud para prestar servicio a los ciudadanos”, ha apostillado Sanz.

La sentencia de la justicia madrileña da la razón al taxi y, si bien todavía quedan más de quinientos recursos pendientes de resolución, el fallo de las primeras sanciones es conveniente al campo que “lamenta que la inefectividad de la Concejalía de Carabante haya propiciado que el consistorio haya sido condenado y deba abonar las cosas del proceso”, ha indicado.

“Es paradójico que en vez de dar las gracias el servicio prestado por el ámbito en los peores meses de la pandemia, en los que los profesionales del taxi trabajaron infatigablemente, el consistorio nos premiase con sanciones que respondían a una falta de regulación por su lado y demandada infatigablemente por el sector”, ha concluido Sanz.