Por MDO/E.P.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de la villa de Madrid ha acordado desechar el recurso de apelación elaborado por la Fiscalía de la capital de España, la Asociación Ciudadana Progresista ‘Progresa’, Partido Socialista Obrero Español, Podemos, IU y la alianza electoral Unidas Podemos contra el auto que archivó la causa abierta contra Vox por el cartel electoral de los menores no acompañados.

Este tribunal acredita de esta forma nuevamente el cartel desplegado en las pasadas elecciones por la capacitación de la ciudad de Santiago Abascal en el que equiparaba una pensión con la cantidad económica que reciben de forma mensual los menores extranjeros no acompañados al insistir en que supone «un mensaje electoral» dirigido a un colectivo «más abundante» que el de los llamados menas.

El pasado veintinueve abril, el Juzgado de Instrucción n.º cincuenta y tres de la villa de Madrid dictaminó el sobreseimiento temporal de las diligencias abiertas por el llamado ‘caso del cartel de los menas’. La juez concluyó que se procedía al fichero de las actuaciones pues no veía «rastros de que los hechos denunciados recubran de forma indiciaria caracteres de infracción penal».

Concretamente, la resolución comprendía que no existía delito de odio ni delito electoral en los mensajes que el Partido Político Vox propagó en la campaña electoral relativa a las elecciones a la Reunión de la Comunidad de la capital de España, festejadas el mes pasado de mayo; fundamentación que ahora ratifica la Audiencia Provincial.

La Sala ya se pronunció en un sentido judicialmente afín hace un par de semanas a propósito del recurso de apelación de las medidas cautelares de este tema. Ahora, expone en una nueva resolución, entre otros muchos argumentos jurídicos, que el tema se incardina en ‘la lícita lucha ideológica-partidista en el marco de una batalla electoral donde forma una máxima de la experiencia los excesos verbales que se cometen por unos y otros actores políticos».

De igual modo, los jueces recuerdan que «en el orden penal están prohibidas las interpretaciones contra preso, cuando quepan otras explicaciones no necesariamente delictivas».

En el precedente auto, los jueces señalaban que «independientemente de si las cantidades que se ofrecen son o bien no veraces» con relación a los menas este colectivo representa «un evidente inconveniente social y político, aun con consecuencias o bien efectos en nuestras relaciones internacionales, como resulta conocido».

Conocido el auto de la Audiencia Provincial, el portavoz de Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha vuelto a proteger el cartel. «Lo ratifico sin exceso verbal», ha contestado Buxadé quien ha cargado contra «la patraña, el engaño, la injuria o bien la calumnia» que, a su juicio, efectuó «la izquierda» y «admitió con su silencio el acuerdo progre» el ataque «contra Vox.

La Asociación Ciudadana Progresista ‘Progresa’ llevará el caso al Tribunal Constitucional por respeto «a los principios éticos universales». De esta forma lo ha anunciado el letrado de la asociación, Eduardo Ranz. «En un estado de derecho y social como es España, si se justificara la libertad de expresión con ejemplos como Nelson Mandela sería de admiración. No obstante, que la Audiencia justifique la libertad de expresión de Vox con Otegui es una cosa muy, muy diferente, retrata la necesidad de compaginar la judicatura con el los pies en el suelo», ha subrayado.