La Audiencia Nacional ha admitido las medidas cautelarísimas pedidas por el Gobierno de la Comunidad de la capital española en el recurso presentado contra las medidas sanitarias aprobadas por el Ministerio de Sanidad y ha acordado su suspensión en el campo de la zona, han informado fuentes del Gobierno regional.

El auto acuerda suspender, en el campo de la Comunidad Autónoma de la villa de Madrid, la ejecutividad de las medidas contenidas en los apartados A), B) y C) del anejo de la Orden Comunicada objeto de recurso interpuesto por el Gobierno regional.

De esta forma, se entrega el plazo de 3 días a la Administración General del Estado demandada, «para que pueda realizar las alegaciones que estime oportunas».

Los jueces aducen que si no se adoptase ahora la medida cautelarísima, y se esperara a la adopción de una medida tras la tramitación ordinaria de la pieza separada de medidas cautelares, «el escenario de inseguridad se vería con seriedad agravado y perjudicado si se acepta un cambio en el nivel de limitaciones».

«Se producirían de esta forma 3 niveles diferentes de limitación en un lapso temporal breve, lo que no es de forma fácil justificable para el ciudadano, receptor último de la protección pública insita en la discusión que nos ocupa», remarca la Sala.

El texto sigue mentando que «el peligro de producir situaciones de inseguridad y de menoscabo (que pudiese ser grave) a los intereses de los perjudicados últimos por la resolución de imponer limitaciones diferentes a las existentes, recomienda que se adopte la medida de suspensión mientras que se puede acabar la tramitación de la pieza separada de medidas cautelares».

Los jueces reclacan que eso he de ser de esta manera «especialmente si se tiene presente que, tras la presente resolución, en un lapso temporal breve (trámite de alegaciones por 3 días), se va a poder decidir sobre el «alzamiento, mantenimiento o bien modificación» de la resolución adoptada.

Conforme exponen, va a ser entonces cuando se «disponga de mejores elementos de juicio para valorar los diferentes intereses en enfrentamiento». «A efectos de la resolución que ahora adoptamos, estimamos que la no perturbación del status quo preexistente es digna de protección cautelar temporal, y que acarrea emergencia en la adopción de una resolución inaudita parte».

En su recurso, el Ejecutivo madrileño argüía que en la Comunidad de la capital española rige en nuestros días la Orden 572/2021, de siete de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas precautorias para hacer en frente de la crisis sanitaria causada por el Covid-diecinueve una vez finalizada la prórroga del estado de alarma declarado por el R. D. 926/2020, de veinticinco de octubre.

Destacan «el perjuicio que se deriva a consecuencia de la invasión de competencias que ha supuesto la Orden de la Ministra» y también inciden en que ostentan la competencia para la adopción de medidas singulares en materia de Salud Pública. A su parecer, es «evidente que esta competencia se viene usando, puesto que tras la finalización de la prórroga del estado de alarma se dictó la Orden 572/2021, de siete de mayo, de la Consejería de Sanidad».

Estiman que «sumir al ciudadano en un régimen de medidas cambiante, impuesto sorpresivamente sin razón alguna, reemplazando de la noche a la mañana la regulación existente, es una ignominia clara a la seguridad jurídica«.

Fernando Simon: «Se procurarán opciones alternativas lo más consensuadas posible»

Tras conocer la resolución de la Audiencia Nacional, el directivo del Centro de Coordinación de Alarmas y Urgencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado que el Ministerio de Sanidad y los consejeros autonómicos procurarán «opciones alternativas lo más consensuadas posibles» para poder reemplazar las medidas que no se puedan aplicar por «motivos judiciales«.

Simón ha explicado que el Ministerio de Sanidad «y las partes más técnicas» han tratado de sostener «una situación negociadora», de «mayor acuerdo en el momento de incorporar y plantear medidas». Ha detallado que la pretensión del departamento dirigido por Carolina Darias es continuar aplicando «con la mayor seguridad» las medidas sanitarias contra el coronavirus mientras que no esté la población «suficientemente inmunizada».

También, ha explicado que si las medidas que se plantean y «se han acordado no se pueden aplicar por motivos judiciales» se procurarán otras «más consensuadas para poder sustitutiva».