La Administración de Justicia prosigue en huelga, o al menos parte de ella. Unos cuarenta y cinco funcionarios de Justicia empiezan este lunes una huelga indefinida para demandar mejoras salariales y laborales.

Este colectivo lleva más de un mes con paros puntuales que ya han supuesto la paralización de miles y miles de juicios, mas hoy veintidos de mayo arrancan una huelga indefinida frente a la negativa del Gobierno a negociar.

Cabe rememorar que este año los letrados de la administración de Justicia asimismo hicieron huelga a lo largo de semanas y los jueces y fiscales conminaron con paros, mas tras aproximar posturas con el Ejecutivo se ha paralizado.

Los funcionarios ahora demandan exactamente el mismo trato y frente a la negativa del Ministerio de Justicia, han comenzado una huelga de forma indefinida.

Los que están llamados a la huelga pertenecen en su mayor parte a los cuerpos Administración, Tramitación y Socorro Judicial, mas asimismo hay médicos forenses y cuerpos singulares del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Demandan al Gobierno una propuesta salarial «suficiente» como tener un papel «esencial» en cualquier reforma de la administración de Justicia.

Peligro de colapso

Estos nuevos paros conminan con colapsar (aún más) los juzgados españoles, que ya han visto suspendidos miles y miles de procedimientos en todo el país con las últimas huelgas del personal de Justicia.

Los cuarenta y cinco funcionarios llamados a la huelga conforman el noventa y tres por ciento de la plantilla de los juzgados y tribunales, lo que lanza más presión sobre el ministerio de Pilar Lloop.

Los representantes sindicales del gremio han tildado de «insultante» que el Ejecutivo trate «de forma dispar» a los trabajadores de Justicia «que menos cobran», puesto que les recriminan sus pactos con los letrados judiciales y con los jueces y fiscales.

Y se aguardan más paros en el ambiente judicial, puesto que el personal laboral de la administración de Justicia va a movilizarse esta semana para demandar mejoras salariales y laborales, puesto que critican la externalización de ciertos servicios y demandan la conversión de ciertos puestos en plazas de funcionarios.

Y asimismo los del turno de oficio han empezado a organizar quejas demandando mejoras económicas.