En un contexto de polarización política como el presente, alentado en una buena parte por el modus operandi de los partidos a escala nacional, enfrentamientos de todo pelaje entre las dos facciones del fantasma ideológico se trasladas asimismo al campo municipalista, instalándose en las grandes ciudades y llegando aun a los núcleos poblacionales más pequeños. Es el caso de Valdemorillo, un ayuntamiento del oeste de la zona con poco más de doce habitantes y en el que tanto Gobierno como oposición viven en un permanente cruce de acusaciones que se ha trasladado ya al plano judicial en forma de demandas y demandas.

El último episodio de esta particular guerra política tuvo lugar en los acompases finales del mes de octubre, cuando los conjuntos municipales de la oposición, Partido Socialista, UNIVAL y Podemos-Equo, presentaron una demanda frente a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de la capital de España basándonos en un supuesto delito de prevaricación administrativa por la parte del Ejecutivo local, formado por PP y Ciudadanos, en la publicación de los pliegos del contrato de renovación de las luminarias del ayuntamiento. La meta de esta medida no es otro que lograr la paralización cautelar del procedimiento.


«El Gobierno comete gravísimas irregularidades»

El pasado veintinueve de septiembre se aprobó en Pleno Excepcional el contrato para la renovación del iluminado público, de dieciseis millones de euros y con una duración de quince años. Lo que podría parecer una práctica frecuente en la política municipal se transforma, a ojos de los partidos que no son parte del Gobierno, en foco de enfrentamiento a consecuencia de las “prisas” con las que se ha ejecutado y, sobre todo, fruto de las “gravísimas irregularidades” cometidas por el Ejecutivo. “Al margen de que había múltiples concejales de vacaciones, todos y cada uno de los conjuntos de la oposición presentes en el pleno votaron en contra, aun ciertos concejales del propio Gobierno decidieron abstenerse frente a las deficiencias que presentaba el expediente, en el que faltaban documentos tan esenciales como los informes técnicos de los servicios de urbanismo que certificasen que las peculiaridades y los costos eran adecuados. Otros aparecían incompletos, con fórmulas en blanco. Aun había un documento de la aparejadora municipal renunciando a cualquier responsabilidad sobre tal contrato debido a su falta de conocimiento previo”, arguyen en la oposición.

Otro aspecto que levanta ampollas en la bancada de la izquierda es “la negativa a buscar financiación sin intereses» para la ejecución del proyecto. En esa línea, remiten a asistir a diferentes administraciones «para gozar del ahorro energético desde el primer momento”.

Para mayor escarnio, agregan, solo un día siguiente de ser aprobado, los documentos del pliego original fueron “eliminados del expediente y reemplazados por otros”. Ya a inicios de octubre tuvieron sitio “más modificaciones, siendo estos últimos los documentos que por último se publicaron para su licitación”. Entre los cambios a las que mencionan en la oposición resaltan la modificación en las puntuaciones para la valoración de las compañías licitadoras, la substitución de la plataforma de presentación de ofertas, de la Plataforma de Licitación del Estado a la propia del Municipio de Valdemorillo, y los cambios respecto a los responsables del contrato, agregando a la arquitecto municipal y sosteniendo a la aparejadora, quien ya había presentado su carta de renuncia. Además de esto, “el día trece de octubre incluyen nueva documentación en el expediente publicado, con fórmulas de cálculo de revisión de costos y costos que no habían pasado por el pleno y que ni tan siquiera iban firmadas”.

“Ilegalidades” en la Feria Taurina de San Blas

El caso de las luminarias no es el único que ha enfrentado a Gobierno y oposición en los últimos tiempos. Las “ilegalidades” a las que mencionan Partido Socialista Obrero Español, UNIVAL y Podemos-Equo llegan asimismo a la administración en el cobro de las entradas de la Feria Taurina de San Blas, festejada entre enero y febrero de este año, lo que acabó por desembocar en una demanda por un supuesto delito de malversación de fondos contra los miembros de la junta de Gobierno. “Descubrimos que el dinero proveniente del cobro de las entradas no se hallaba en ninguna cuenta del Municipio, cuando el pliego establecía que debía ingresarse en una cuenta de titularidad municipal. Fue tras la demanda de los conjuntos que conformamos la oposición y el informe de tesorería, que demandaba el ingreso inmediato de ese dinero en una cuenta municipal, que la presunta cantidad cobrada, 242.603,50 euros, fue por último ingresada por el adjudicatario del contrato en una cuenta del Ayuntamiento”, apuntan.

Dicha demanda ha sido ahora aceptada a trámite por el Juzgado número dos de San Lorenzo de El Escorial, si bien no va a ser hasta el próximo treinta de noviembre cuando empiece la toma de declaraciones.

Plaza de toros de Valdemorillo (Fuente: Google Street View)

La gravedad de los hechos, prosiguen, aumentó cuando el regidor de Valdemorillo, Santiago Villena, del PP, “decidió trasferir a la compañía adjudicataria 438.862,04 euros, pese al informe contrario de intervención, levantando así el reparo puesto por dicha intervención al pago, ya que superaba en 181.136,88 euros la cantidad estipulada en el contrato”. Basándonos en estos hechos, la oposición acusa tanto al regidor como al concejal Miguel Partida, asimismo del PP, de un supuesto delito de prevaricación.

“Difamación y mentiras”: el Ejecutivo se defiende

«No aciertan ni el delito que se idean»

En frente de las acusaciones vertidas, el PP de Valdemorillo defiende en distintos comunicados que “no hay nada irregular” en un procedimiento de renovación del iluminado público “perfectamente válido”. Así, la actitud de la oposición en el Consistorio, mantienen, responde a la “estrategia de intimidación” en la que se han movido toda la legislatura. Se trata de “falsedades y graves acusaciones sin fundamento alguno, que demostraremos y vamos a desmontar con prontitud, contundencia y total trasparencia. Se fueron corriendo a la Fiscalía a registrar una demanda del mismo modo llena de imprecisiones, falsedades y graves acusaciones, con el único objetivo de hacerse una fotografía en la puerta. Por no atinar, no aciertan ni el supuesto delito que se idean”.

El argumentario del Gobierno local se apoya en la “clara dejación de funciones” y la “falta de respeto cara todos y cada uno de los vecinos” del ayuntamiento que a sus ojos ha supuesto el abandono del último pleno por la parte de los concejales del Partido Socialista, UNIVAL y Podemos-Equo cuando iba a dar inicio el turno de ruegos y preguntas. “Votan de manera sistemática contra el avance y de proyectos relevantes para progresar el bienestar de todos y cada uno de los vecinos. Además de esto, hace ya tiempo que optaron por judicializar la vida política, inútiles de mostrarse como opción alternativa edificante. Y así proseguirán hasta las próximas elecciones. Queda probado que por esos partidos no pasa ninguna solución para nuestro pueblo”, añaden.

Con relación a la Feria Taurina de San Blas, desde el Gobierno mantienen que la oposición “falta a la verdad” al aseverar que la demanda ha sido aceptada a trámite. “La realidad es que no ha habido ninguna novedad procesal relativa al procedimiento de diligencias anteriores en curso. Ahora, la única cita notificada emplaza a comparecer en el Juzgado a la interventora municipal, en calidad de testigo-perito, para ratificarse en su último informe incorporado al procedimiento, firmado el mes pasado de junio y cuyo contenido no debe agradar demasiado a los partidos demandantes”, concluyen.