Por MDO/E.P.

Gobierno y agentes sociales han llegado a un principio conforme para reformar el sistema de pensiones. La actualización de las pensiones contributivas dependiendo del IPC, la aproximación de la edad eficaz de jubilación a la edad legal mediante un endurecimiento de las jubilaciones adelantadas y la posibilidad de ofrecer mayores incentivos al retraso de la jubilación son las bases del pacto.

Las medidas de esta primera una parte de la reforma parten de los pactos del Acuerdo de Toledo y son parte del Plan de Restauración que está previsto que entre en vigor el próximo dos mil veintidos, siempre que el anteproyecto que las contiene pase todos y cada uno de los trámites pertinentes.

En esta línea, en un boceto del anteproyecto fechado el catorce de junio apunta que el cambió va a contar con la cancelación de 2 de los aspectos más controvertidos de la reforma de pensiones de dos mil trece: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25 por ciento en situaciones de déficit, y el llamado factor de sostenibilidad.

Si bien la substitución de este último es parte integrante de la segunda revisión de la reforma de pensiones, prevista para más adelante, las distintas asociaciones hacen constar en el texto del anteproyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, que el mecanismo de equidad intergeneracional, que operará desde dos mil diecisiete y sustituirá al factor de sostenibilidad, «habrá de estar definido» en el instante de entrada en vigor de esta primera pata de la reforma.

Hoy día el texto se está finalizando y garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones contributivas, incluyendo las mínimas, al vincular su revalorización anual con la alteración interanual media del IPC de los doce meses precedentes a diciembre del año precedente. Si esta alteración fuera negativa, el importe de las pensiones no cambiará al principio del año.

CCOO y Unión General de Trabajadores ya le han dado el visto bueno y han señalado en un comunicado conjunto que, al eliminar la reforma de dos mil trece, «se devuelve el sistema de pensiones a la garantía de la suficiencia de las posibilidades tanto de los presentes pensionistas para los futuros retirados».

Los órganos de dirección de CEOE deben dar aún el visto bueno al pacto que destaca el papel del Estado como garante público del sistema de pensiones, incluyéndose en la Ley General de Seguridad Social una cláusula a través de la que anualmente se efectuará una trasferencia por medio de los Presupuestos Generales del Estado de cerca de un dos por ciento del Producto Interior Bruto (unos veintiuno.000 millones de euros).

Desincentivar el retiro adelantado

El anteproyecto establece una serie de medidas para desincentivar el retiro adelantado del mercado de trabajo cuando este es voluntario. Así, para quienes tengan cotizados menos de treinta y ocho años y seis meses, adelantar su jubilación veinticuatro meses va a suponer una reducción en su pensión de entre el veintiuno por ciento y el tres con veintiseis por ciento (1 mes ya antes), y para los que tengan más de treinta y ocho años cotizados y seis meses, mas menos de cuarenta y uno años y seis meses, la reducción máxima va a ser del diecinueve por ciento (veinticuatro meses) y la mínima del tres con once por ciento (1 mes).

Por su lado, el factor reductor va a pasar a ser del diecisiete por ciento si los que tienen más de cuarenta y uno años y seis meses cotizados, mas menos de cuarenta y cuatro años y seis meses, se jubilan un par de años ya antes. Si lo hacen un año ya antes, la reducción va a ser del dos,96 por ciento. Para finalizar, los que tengan más de cuarenta y cuatro años y medio cotizados van a tener una reducción del trece por ciento por jubilarse un par de años ya antes y del dos,81 por ciento un mes ya antes.

Caso de que una persona se acoja a la jubilación adelantada y estuviese asimismo percibiendo percibiendo el subsidio por desempleo a lo largo de por lo menos 3 meses, los factores reductores que se van a aplicar van a ser los establecidos para la jubilación adelantada involuntaria.

Los nuevos factores reductores se van a aplicar sobre la cuantía de la pensión y siempre y en toda circunstancia respetando la restricción máxima. Cuando la pensión supere el límite establecido para el importe de las pensiones, los factores reductores se van a aplicar de forma gradual, en un plazo de diez años, a contar desde el 1 de enero de dos mil veinticuatro.

Por otra parte, el texto asimismo altera además de esto el procedimiento de petición de la jubilación adelantada con motivo de la actividad y reforma la regulación de la jubilación adelantada no imputable al trabajador (involuntaria).

De este modo, las personas que trabajen en empresas cuyos centros de trabajo no se consideren móviles o bien itinerantes y que sean despedidas por rehusar un traslado que implique cambio de vivienda, van a poder acceder a la jubilación adelantada si cumplen los requisitos establecidos para acogerse a esta modalidad de jubilación.

Asimismo van a poder acceder a la jubilación adelantada aquellos trabajadores que sean despedidos tras imponerle su empresa una modificación trascendente de sus condiciones de trabajo.

En estos supuestos, de exactamente la misma forma que en los derivados de despido colectivo y despido objetivo, va a ser preciso que el trabajador que desee acceder a la jubilación adelantada acredite haber recibido la indemnización pertinente por extinción del contrato o bien haber interpuesto demanda judicial en reclamación de dicha indemnización o bien de impugnación de la resolución extintiva.

Para poder acceder a la jubilación adelantada, se demandará tener cumplida una edad que sea inferior como máximo en 4 años a la edad legal de jubilación aplicable en todos y cada caso, encontrarse anotado como demandante de empleo y acreditar un periodo de cotización eficaz de treinta y tres años.

En estos casos, la reforma establece que a la pensión se le van a aplicar una serie de factores reductores por cada mes o bien fracción de mes en la que se adelante la edad legal. Estos factores fluctuarán desde el 0,50 por ciento de reducción por un mes de adelanto si se tienen cotizados cuarenta y cuatro años y 6 meses o bien más hasta el treinta por ciento de reducción que se va a aplicar por adelantar la jubilación 4 años (cuarenta y ocho meses) si el periodo de cotización es inferior a treinta y ocho años y 6 meses.

Jubilación retardada y jubilación activa

En el caso de la jubilación retardada, el boceto contempla que no se cotizará por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal, desde el cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria que corresponda en todos y cada caso.

Además de esto, el trabajador va a poder escoger entre los 3 géneros de incentivos para el retraso de la jubilación por todos los años de demora: un porcentaje auxiliar del cuatro por ciento (que se sumará al que corresponda conforme con el número de años cotizados y se va a aplicar a la respectiva base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión), una cantidad a tanto alzado (pago único) dependiendo de la cuantía de la pensión y premiando las carreras de cotización más largas, o bien una combinación de estas 2 medidas. El pago único fluctuará entre un mínimo de cuatro.786,27 euros y un máximo de doce.060,12 euros.

Por otra parte, se demandará como condición para acceder a la jubilación activa el trascurso de por lo menos un año desde el cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.

La reforma de pensiones prohibirá el establecimiento de cláusulas de jubilación forzosa para trabajadores de menos de sesenta y ocho años desde la entrada en vigor de exactamente la misma. En los convenios subscritos de antemano, estas cláusulas van a poder ser aplicadas hasta 3 años después de la finalización de la vigencia inicial pactada para el acuerdo.

Además de esto, si se establecen estas cláusulas en los convenios, las compañías deberán contratar por lo menos a tiempo completo y de forma indefinida a un trabajador por cada retirado forzoso.

Extraordinariamente, el límite de edad establecido (menos de sesenta y ocho años) va a poder rebajarse hasta la edad legal ordinaria de jubilación cuando la tasa de ocupación de las trabajadoras en las actividades económicas del campo funcional del acuerdo sea inferior al quince por ciento de las personas ocupadas y toda vez que se cumplan múltiples requisitos, entre ellos la contratación simultánea de cuando menos una mujer de forma indefinida y a tiempo completo.

Entre los puntos claves a resaltar, se sostiene el despliegue de la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social, cuya culminación está prevista para dos mil veintitres, y ‘rescata’ la idea de crear una Agencia Estatal de la Administración de la Seguridad Social. La constitución de este órgano va a contar con un plazo de 6 meses para por último aprobarse a través de un Proyecto de Ley, si bien estaba previsto en la reforma de dos mil once.