El Gobierno ha autorizado en el último Consejo de Ministros un bulto de ayudas e inversiones de más de dos mil millones de euros para combatir la sequía en España.

«No es suficiente con ofertar más agua, precisamos administrar la demanda, impulsar la eficacia del uso del recurso y trabajar los aspectos de calidad del agua», ha remarcado la ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera.

Y es que España atraviesa una crítica situación con la sequía, puesto que en puntos como Andalucía o Cataluña la reserva hídrica está bajo el veinticinco por ciento. Unos niveles desoladores y aún no se ha entrado en los meses duros del verano.

Por esta razón el Ejecutivo decidió convocar un Consejo de Ministros excepcional para abordar esta problemática de forma personalizada y ha dado luz verde a múltiples planes.

Han aprobado ayudas directas, ampliar la subvención a los seguros agrarios, flexibilizar la aplicación de la PAC e incluir exenciones fiscales y medidas sociales.

Además de esto, la normativa de seguridad y salud en los lugares de trabajo tendrá presente los efectos de los fenómenos meteorológicos desfavorables.

El Ejecutivo ha aprobado medidas de apoyo al ámbito primario para mitigar los efectos de la sequía que renuevan y amplían las ya adoptadas en el tercer mes del año de dos mil veintidos y que ascienden a setecientos ochenta y cuatro,2 millones de euros.

Por otra parte, mil cuatrocientos millones se destinarán a asegurar la disponibilidad de agua, mediante la construcción de plantas desalinizadoras, de los bombeos de urgencia y la adecuación de tomas para asegurar el abastecimiento. Asimismo se promoverá la reutilización de aguas urbanas para lograr el veinte por ciento del volumen de recursos hídricos destinados al suministro de las poblaciones.

Claves del plan

El real decreto-ley aprobado en el Consejo de Ministros tiene como propósito asegurar el mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera y la regularidad de la producción agroalimentaria a lo largo del actual episodio de sequía, uno de los más severos de los últimos tiempos, agravado por las escasas lluvias y las elevadas temperaturas de dos mil veintidos.

La reserva hídrica de España está hoy día al cuarenta y ocho con nueve por ciento de su capacidad total, muy bajo la media del sesenta y ocho con siete por ciento de los diez últimos años.

Una de las novedades va a ser la concesión de ayudas directas, por importe de más de seiscientos treinta y seis millones de euros. trescientos sesenta millones se destinarán a los productores de carne y de leche de ganados vacuno, ovino y caprino ganadero, como al ámbito apícola, y doscientos setenta y seis con siete van a ser para el ámbito agrario.

El importe destinado en dos mil veintitres a subvencionar la prima del seguro agrario aumenta en cuarenta,5 millones, hasta los trescientos cincuenta y nueve millones de euros. Esta dotación dejará subvencionar hasta el setenta por ciento del costo de la contratación de las pólizas -el máximo tolerado por la normativa europea- que incluyan la cobertura por peligro de sequía.

En el campo fiscal, se ha acordado la exención de las cuotas del Impuesto de Recursos Inmuebles (IBI) rústico para las explotaciones agrícolas o ganaderas que hayan sufrido en este ejercicio una reducción del desempeño neto de las actividades agrarias de, por lo menos, un veinte por ciento en zonas con restricciones naturales, o de un treinta por ciento en el resto.

El pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) se reduce para los más ochocientos labradores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos.

Las medidas de liquidez, como los préstamos bonificados o el pago de los acredites para percibir un préstamo bonificado, que ya preveían veinticinco millones para labradores y ganaderos, van a contar con otros veintitres millones de euros más.

Con relación a la Política Agrícola Común (PAC), se extiende hasta el treinta de junio el plazo hoy día abierto para pedir las ayudas, y se escalona la entrada en vigor del bloc de notas digital de explotación, que va a poder retrasarse hasta el 1 de enero de dos mil veinticuatro o de dos mil veinticinco conforme los casos. Además de esto, van a quedar exentas de tributación las ayudas que se perciban por ecorregímenes.

Entre las medidas de carácter social se incluyen el aplazamiento del pago de cuotas de la Seguridad Social para las compañías del Sistema Singular para Trabajadores por Cuenta Extraña Agrarios y para los trabajadores incluidos en el Sistema Singular por Cuenta Propia Agrarios del Régimen Singular de Trabajadores Autónomos.

Y se prorrogará la medida inusual de reducción a diez del número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria que favorecerá a los ocasionales agrarios de Andalucía y de Extremadura.

En apoyo a los regantes, aquellos titulares de derechos que hayan tenido una reducción en los suministros de agua que tienen concedidos van a tener una bonificación del canon: el cien por ciento si la reducción en la dotación de agua supera el sesenta por ciento , y del cincuenta por ciento si ha sido de entre el cuarenta por ciento y el sesenta por ciento . Los adjudicatarios indirectos de obras de regulación en la cuenca del Guadalquivir van a tener una reducción del cincuenta por ciento en la cuota del canon.

Más seguridad en el trabajo en los instantes de más calor

Asimismo se ha acordado alterar la normativa actual que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo para adoptar medidas precautorias concretas ante fenómenos meteorológicos desfavorables (calor, frío o viento). Estas medidas van a deber tomar en consideración la labor y la persona que la efectúa.

Además de esto, debido a las elevadas temperaturas ya registradas esta primavera, el Plan Nacional de actuaciones precautorias en frente de los efectos de los excesos de temperatura sobre la salud adelantará su entrada en vigor al próximo quince de mayo y se extenderá hasta el quince de septiembre.