Por MDO/E.P.
El Juzgado de lo Penal número once de la villa de Madrid ha exculpado al regidor de Colmenar Viejo, Jorge García Díaz, de un delito continuado de prevaricación urbanística con relación a dieciséis expedientes urbanísticos de licencias de primera ocupación. Junto con él, el tribunal exculpa a 2 de sus predecesores en el cargo, 2 concejales y 7 exediles que asimismo habían sido acusados por la Fiscalía.
«Llevamos 7 años recibiendo acusaciones injustas, sometidos a juicios paralelos políticos y mediáticos», explica el regidor de este ayuntamiento en declaraciones a este diario. Conforme García Díaz, queda claro con esta absolución judicial que en ningún instante se actuó por la parte de los diferentes equipos de Gobierno municipales de forma irregular: «No hicimos nada ilegal, no metimos la mano en la caja, no obstante, el daño a un nivel personal y familiar es irreparable».
Narra el primer edil de Colmenar Viejo que a lo largo de los últimos 7 años tanto como los otros doce exculpados han sufrido ataques fundados en una falsedad puesto que en ningún caso prevaricaron con las dieciseis licencias urbanísticas objeto de la investigación judicial. En verdad, conforme la sentencia, ha quedado probado que sobre estas licencias ni tan siquiera se cometieron fallos administrativos y que se actuó de buena fe en todo instante por la parte de los alcaldes y concejales que formaban una parte de la Junta de Gobierno municipal, hace 7 años.
El pasado junio, los 12 cargos se sentaron en el banquillo de los acusados y defendieron que no cometieron ninguna irregularidad. El presente regidor, Jorge García Díaz, asegura que lleva encarando este tema de forma «apacible» y con «naturalidad», y que siempre y en toda circunstancia ha confiado en la Justicia.
Responsabilidades políticas
Debido a los ataques recibidos por los trece exculpados a lo largo de los últimos años por la parte de conjuntos de la oposición como Ganemos Colmenar, el regidor convocará un Pleno Excepcional para dar cuenta de la sentencia y para demandar responsabilidades. Conforme narra, desean que «quede reflejado en las actas plenarias la resolución judicial» por el hecho de que se les ha llamado «prevaricadores» sin fundamento, motivo por el que además de esto solicitarán responsabilidades políticas: «Si son francos deberían renunciar y si no lo hacen se lo recordaré en todos y cada Pleno por el hecho de que me he llevado 7 años aguantando que me llamasen prevaricador».
Pese a la satisfacción que provoca en los exculpados la resolución judicial, García Díaz reconoce que han sido años «durísimos» de acusaciones y que aun debió renunciar inmerecidamente el exalcalde Miguel Ángel Santamaría.
Llegó el día. ocho años tras el inicio de esta pesadilla, la justicia nos exculpa. ocho años de acusaciones injustas, de mucho daño a nuestras familias y ambientes. Mas la verdad siempre y en todo momento llega. Ahora que acepten responsabilidades quienes han usado este tema. #ColmenarViejo pic.twitter.com/OrDrMv9vGs
— Jorge García (@jorge_garciad) January doce, dos mil veintidos
Sentencia absolutoria
En la sentencia se determina que no se han acreditado los hechos que se les imputaba y para los que el fiscal pedía penas de cárcel que iban desde los un par de años hasta los 3 años y 6 meses de prisión. La investigación judicial una parte de una demanda anónima y se comenzó a causa de 2 demandas de la Fiscalía de Medio Entorno en 2 juzgados de Colmenar.
Tras las pesquisas, la juez apuntó a un total de dieciseis infracciones llevadas a cabo desde el año dos mil seis en las que el Ejecutivo popular de Colmenar Viejo concedió licencias de primera ocupación, pese a la existencia de informes de técnicos municipales desfavorables
La resolución señala que «a fin de que el delito se comprenda cometido, se precisa que el funcionario actúe ‘a sabiendas’ de la injusticia de la resolución, anteponiendo su voluntad a cualquier otra consideración». En un caso así, la sentencia recoge que «si se examinan los hechos declarados probados, se verificará de forma fácil que en exactamente los mismos no concurren los elementos del delito de prevaricación».
«En su esmero inculpador, la acusación no ha conseguido designar un solo acto resolutivo que pueda ser considerado injusto, se ha limitado a poner de manifiesto las irregularidades o bien faltas de que adolecen los expedientes administrativos incorporados a las actuaciones», mantiene el juez. Añade que los defectos o bien irregularidades señalados es claro que no equivalen, a «una resolución injusta o bien arbitraria».