El Tribunal Superior de Justicia de la capital de España (TSJM) ha acordado levantar la medida cautelar que impedía las exhumaciones de restos de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista sepultadas en el Val de los Caídos al comprender que el alcance de la intervención objeto de la licencia no acarrearía «una transformación urbanística irreversible de las criptas».

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que los jueces estiman el recurso de apelación interpuesto por la Letrada del Estado en representación de Patrimonio Nacional, contra el auto de dieciseis de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número diez de la capital de España.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo anula dicha resolución y acuerda rechazar la medida interesada de suspensión de la ejecutividad del Pacto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno de la Junta de Gobierno Local del Municipio de San Lorenzo del Escorial.

Dicho pacto concedía a Patrimonio Nacional licencia urbanística para rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Val de los Caídos concedida por el Municipio de San Lorenzo del Escorial.

Los jueces concluyen que «no concurren los presupuestos legales para adoptar la medida cautelar de suspensión de los efectos de la licencia urbanística concedida», señalando que ello debe llevar «a apreciar el recurso de apelación interpuesto por Patrimonio Nacional y, con revocación del auto apelado, rechazar la medida cautelar pedida».

La Sección destaca que «no se desprende que el alcance de la intervención objeto de la licencia conlleve una transformación urbanística irreversible de las criptas y tampoco que se trate de actuaciones que sobrepasen de las propias de mantenimiento, consolidación y restauración que son las toleradas en la ficha del Catálogo. La apertura de huecos sería restituible al estado precedente sin excesiva complejidad».

«Es por este motivo por lo que no apreciamos que con la concesión de la licencia se generen situaciones irreversibles en el factor protegido que ponga en riesgo el efecto útil de la sentencia que pudiese recaer», remarcan los jueces.

La Sala mienta que el recurrente aduce en la instancia que el Estado demandante de la licencia de obras no tiene disponibilidad sobre el bien inmueble que es de propiedad de la Fundación de la Santa Cruz del Val de los Caídos.

A este respecto, contesta que dicha alegación «no puede sostener la medida cautelar interesada ya que es sabido que las licencias urbanísticas se dan a salvo del derecho de propiedad y sin perjuicio de tercero». Además de esto, recuerda que en el presente caso concurre la coyuntura que la Fundación depende de Patrimonio Nacional.

Suspensión cautelar

En el mes de noviembre de dos mil veintiuno, el juez de lo Contencioso-Administrativo número veinte de la capital española acordó suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida por el Municipio de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas sepultadas en el Val de los Caídos.

La suspensión se generó al estimar que se podrían generar daños irreparables antes que se entre en el fondo del recurso interpuesto por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.

El Gobierno, mediante Patrimonio Nacional, pidió en el mes de abril de dos mil veintiuno a este Municipio la petición de licencia urbanística para poder empezar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas que fueron inhumadas en las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Val de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares.

La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica pidió la suspensión aduciendo el «Derecho esencial a la amedrentad de los fallecidos y de sus familias y necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras expresamente ilegales pedidas».

Familiares de víctimas aguardan que se reanuden de manera inmediata las exhumaciones

Familiares de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura sepultadas en el Val de los Caídos aguardan que Patrimonio Nacional retome de manera inmediata los trabajos para proceder a las exhumaciones en cumplimiento de la sentencia.

El letrado Eduardo Ranz, especialista en Memoria Histórica y letrado de la familia de los hermanos fusilados en Calatayud Manuel y Antonio Lapeña, ha festejado la sentencia al ser «positiva» para las víctimas.

A este respecto, Ranz ha subrayado que nada impide reanudar los trabajos de extracción de los restos de los hermanos Lapeña en cumplimiento de la sentencia que lo acreditó en dos mil dieciseis a fin de que vuelvan a Aragón.

Los hermanos Lapeña fueron fusilados en Calatayud en mil novecientos treinta y seis y trasladados al Val de los Caídos. Hace 6 años, una sentencia del Juzgado de San Lorenzo del Escorial reconoció el derecho a una «sepultura digna» para los hermanos Lapeña, y estableció que los restos mortales fuesen entregados a su nieta.

Las obras para acceder a la cripta arrancaron en el mes de julio de dos mil dieciocho, mas se paralizaron por la demora de informes técnicos y la suspensión de la concesión de la licencia de obras.

Tras la sentencia del TSJM, los familiares tienen la esperanza de que por fin se de cumplimiento a la sentencia que dio luz vez a exhumar los restos de los hermanos.

«Se trata de un litigio sobre medidas cautelares, que frecuentemente dura quince días y en un caso así han sido ocho meses. La abogacía del Estado ha hecho un enorme trabajo, en un litigio nada fácil«, ha señalado el letrado.