El Consejo de Ministros ha aprobado, tras las correcciones de última hora, el anteproyecto de ley de Libertad Sexual promovido por la ministra de Igualdad, Irene Montero.

El Gobierno estima que esta ley es «vanguardista» para «combatir todas y cada una de las violencias sexuales» y también incluye un bulto de medidas «para progresar la prevención y la atención a las víctimas, para asegurar la seguridad y la libertad de las mujeres».

Los objetivos son «visibilizar otras formas de violencia sexual, priorizar el permiso, terminar con la distinción entre abuso y violación y asegurar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias sexuales». «Es responsabilidad de los poderes públicos dar contestación y prestar servicios especializados y profesionales a las víctimas de violencias sexuales», asevera el Ejecutivo de alianza.

Se asegura desde el Gobierno que se trata de un «enfoque integral y garantista» que amplía el término de violencia sexista. Se estimará que la violencia sexual en sus múltiples manifestaciones forma «una forma de violencia sexista, una forma de discriminación y una transgresión de los derechos humanos». Por esta razón, se va a poder «énfasis» en: la prevención, la detección y la exterminación de las violencias sexuales, la atención, protección y acompañamiento a las víctimas a través de servicios especializados y profesionales y atajar el inconveniente de la violencia sexual desde su raíz, fomentando la concienciación, sensibilización y capacitación y estereotipos de género.

Además de esto, este anteproyecto de ley «promueve el acceso a la educación cariñoso sexual en todos y cada uno de los niveles educativos«. Estima que «instruir en igualdad para prevenir las violencias sexistas» y pretende «crear lugares, espacios de ocio y trabajo en los que la seguridad y la libertad de las mujeres esté garantizada».

Irene Montero no ha querido reconocer las graves deficiencias que se asegura que hubo en sus primeras fases de boceto, sino estima que el texto terminante ha tenido «cambios precisos» y «mejoras» en esta fase, «enriqueciéndose con otros ministerios mas sin trastocar lo sustencial de la ley», consideró la ministra de Igualdad.