Declarada zona catastrófica tras los devastadores fenómenos naturales

El Gobierno español ha tomado la decisión de declarar zona «afectada gravemente por una emergencia de protección civil (ZAEPC)», también conocida como «zona catastrófica», a 28 comarcas que han sufrido daños debido a diversos fenómenos meteorológicos adversos e incendios forestales. Estas zonas se encuentran en la Comunidad de Madrid y en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia, y han sido asoladas durante el mes de septiembre.

Devastadoras inundaciones y trágicas consecuencias

Uno de los eventos más destacados que ha dado lugar a esta situación crítica fue la depresión aislada en niveles altos (DANA) que ocurrió a principios de septiembre. Estas lluvias persistentes y generalizadas, en algunos lugares de una fuerza extremadamente intensa, provocaron la trágica muerte de 8 personas y numerosas incidencias en todas las provincias afectadas.

Las inundaciones causaron estragos en calles, bajos, garajes y carreteras, además de provocar desprendimientos, cortes de electricidad y problemas de circulación ferroviaria. Numerosas infraestructuras, bienes públicos y privados, cultivos, explotaciones agropecuarias, polígonos industriales y otras instalaciones productivas sufrieron importantes daños.

Ayudas para la recuperación y reconstrucción

La declaración del Gobierno como zona catastrófica permitirá a los afectados por estas emergencias solicitar las ayudas correspondientes. Estas ayudas están destinadas a paliar daños personales, daños materiales en viviendas, enseres y establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, y también para las corporaciones locales cuyos territorios se vieron afectados por las intensas lluvias.

Estas ayudas se otorgan en base al principio de solidaridad entre territorios y de manera subsidiaria, complementando las acciones encomendadas a las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias.

Ayudas directas para afrontar las pérdidas

El acuerdo contempla diferentes ayudas directas con el objetivo de facilitar la recuperación de las zonas afectadas. Entre ellas se encuentran:

– Ayudas por fallecimiento o por incapacidad absoluta y permanente, que ascienden a un total de 18.000 euros.
– Subvenciones por la destrucción o daños en enseres de primera necesidad, limitadas a un coste máximo de 2.580 euros.
– Ayudas para aquellos que hayan sufrido la destrucción total de su vivienda habitual, que cubren los daños con un máximo de 15.120 euros.
– Compensaciones económicas por daños en la estructura de la vivienda habitual, correspondientes al 50% de los daños hasta un máximo de 10.320 euros.
– Ayudas por otros daños en la vivienda habitual, que cubren el 50% de los daños hasta un límite de 5.160 euros.
– Ayudas para reparar daños en elementos comunes de comunidades de propietarios, que alcanzan hasta el 50% de los costes hasta un máximo de 9.224 euros.
– Reembolsos totales de los gastos realizados por personas físicas o jurídicas que hayan prestado asistencia y bienes durante la emergencia.
– Subvenciones de hasta 9.224 euros para los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluyendo el sector agrario, pesquero y turístico.
– Apoyo a las corporaciones locales para cubrir gastos derivados de actuaciones inaplazables, con un porcentaje de entre el 50% y el 100%, dependiendo del caso.

Además de estas ayudas directas, se contempla la posibilidad de eximir de tasas del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico los trámites de duplicados de permisos de circulación o conducción, así como las bajas de vehículos siniestrados.

Otras medidas para la recuperación integral

El acuerdo también incluye una serie de medidas adicionales para apoyar la recuperación de las zonas afectadas. Estas medidas son las siguientes:

– Beneficios fiscales: el Ministerio de Hacienda y Función Pública establecerá la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y reducciones en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas para los beneficiarios de estas ayudas. Cabe destacar que las ayudas por daños personales estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como es habitual.
– Medidas laborales y de Seguridad Social: los ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones podrán implementar acciones como bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social para apoyar a los afectados.
– Ayudas a las corporaciones locales: el Ministerio de Política Territorial otorgará ayudas de hasta el 50% para los proyectos de reparación de infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales.
– Daños en infraestructuras y dominio público: los distintos ministerios, dentro de sus competencias, podrán declarar zonas de actuación especial y emergencia de obras para reparar los daños sufridos en infraestructuras de titularidad pública o en el dominio público.

Cabe mencionar que las ayudas por daños en explotaciones agrarias no están contempladas en este acuerdo, ya que cuentan con un sistema de aseguramiento propio a través del Sistema de Seguros Agrarios Combinados. Este sistema ha sido ampliado progresivamente para cubrir incluso las infraestructuras agrarias, garantizando así el apoyo necesario al sector agrario frente a este tipo de catástrofes naturales. No obstante, el acuerdo sí prevé una reducción en los módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para los afectados por este tipo de daños.