Colectivos de Memoria Histórica y familiares de víctimas de la dictadura se han concentrado frente al Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados este domingo, coincidiendo con el aniversario del dieciocho de julio, para demandar una condena del golpe para derrocar al gobierno contra el Gobierno de la Segunda República y la aprobación de una Ley de Memoria «que ponga fin a la impunidad del franquismo».

Cien simpatizantes de este movimiento han coreado lemas como «sin Memoria no hay democracia» o bien «verdad, justicia y reparación» en este acto «de celebración y condena del golpe para derrocar al gobierno de dieciocho de julio de mil novecientos treinta y seis», han señalado los organizadores que demandan que el proyecto de ley del Gobierno «vaya más lejos».

Colectivos de Memoria Histórica y familiares de víctimas de la dictadura se han concentrado frente al Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados este domingo, coincidiendo con el aniversario del dieciocho de julio, para demandar una condena del golpe para derrocar al gobierno contra el Gobierno de la Segunda República y la aprobación de una Ley de Memoria «que ponga fin a la impunidad del franquismo».

Estos colectivos solicitan que se incluya «un reconocimiento jurídico de las víctimas del franquismo al nivel de otras reconocidas por el Estado de España, como las del terrorismo» y que se anulen «las sentencias franquistas, incluyendo una declaración de ilegalidad de los tribunales represivos y de los consejos de guerra del franquismo, como la judicialización de las fosas comunes del franquismo, que no sea con un sistema privatizado».

Desde la Comisión Organizadora de Colectivos de Memoria Histórica y de Victimas del Franquismo echan de menos «una declaración como condena explícita por la parte del Estado de España y sus máximos representantes del franquismo, al mismo nivel que la italia fascista y la alemania nacionalsocialista».

El Gobierno tenía previsto aprobar el pasado trece de julio el proyecto de ley de Memoria Democrática, mas se postergó por el relevo en el Ejecutivo de Carmen Clavo, que impulsó la ley, por Félix Bolaños.