Por MDO/E.P.

El juez de lo Contencioso-Administrativo número once de la villa de Madrid ha cancelado una sanción de seiscientos uno euros impuesta por el Municipio de la villa de Madrid a una joven menor, a la que representa legalmente su progenitor, por no respetar las limitaciones aprobadas en el primer estado de alarma. Es la primera sanción cancelada tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró ilegal esta circunstancia.

El juez estima el recurso presentado por la menor, mediante su representación legal, contra la sanción impuesta por infracción de la Ley de Seguridad Ciudadana a consecuencia de un acto de desobediencia a las restricciones impuestas por el Gobierno para eludir la extensión del virus.

La sanción se impuso a lo largo de la vigencia del estado de alarma y ahora se declara la actuación administrativa disconforme a derecho tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional y nulo el estado de alarma, sin efectuar aclaración alguna sobre los efectos jurídicos con relación a las multas impuestas.

Ahora el juzgado recuerda que las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad vinculan a todos y cada uno de los poderes públicos y generan efectos generales desde la data de su publicación en el Folleto Oficial del Estado. De esta forma, remarca que «la resolución de inconstitucionalidad» declarada por el Constitucional tiene «efectos retrospectivos cuando inutiliza la ley cancelada desde su origen».

«La sentencia de inconstitucionalidad debe percibir aplicación aun para actos y situaciones jurídicas precedentes en el tiempo a la publicación de la sentencia constitucional, y todo ello pues un acto administrativo (la sanción) dictado al amparo de una ley inconstitucional no habría tenido cobertura en ningún instante, pues la que presuntamente le daba la ley cancelada era una cobertura aparente y no una cobertura real», remarca el fallo judicial.

En su sentencia, los jueces del TC adujeron que el instrumento jurídico a aplicar debería haber sido el estado de salvedad atendiendo a la «gravedad y extensión» de la pandemia, que imposibilitó ‘de facto’ un normal funcionamiento de las instituciones democráticas al paso que los ciudadanos vieron perjudicados el normal ejercicio de los derechos, sobresaturados los servicios sanitarios y perjudicadas las actividades educativas.