Isabel Díaz Ayuso cumplirá mañana una de las promesas que efectuó en su alegato de investidura: acorazar la eliminación y la bajada de los impuestos de la villa de Madrid. A lo largo de su intervención en la presentación del libro Liberalismo a la madrileña, la presidente de la Comunidad ha asegurado que mañana el Consejo de Gobierno aprobará la Ley de Autonomía Financiera para «asegurar las competencias fiscales que tenemos recogidas en la Constitución y que nos dejan proseguirse siendo libres y mejores».

Con esta Ley, el Gobierno madrileño pretende eludir que otras reglas superiores que puedan ser aprobadas en el Congreso de los Miembros del Congreso de los Diputados no interfieran en las competencias autonómicas en materia fiscal de la villa de Madrid. Concretamente, uno de los escenarios que Díaz Ayuso pretende eludir es que el Gobierno de España y diferentes fuerzas parlamentarias nacionales puedan imponer una mayor tributación a los impositores madrileños en los impuestos de Sucesiones y Patrimonio.

Conforme fuentes de la Consejería de Empleo y Hacienda, la “armonización” fiscal en alza le costaría al bolsillo de los madrileños un total de cinco mil novecientos millones de euros, o sea, una media de dos mil doscientos setenta euros más por familia por año. De esta manera, una herencia media en la villa de Madrid pasaría de abonar veintidos euros a dos mil doscientos euros, esto es 100 veces más, en caso de que se comparase el impuesto de Sucesiones tal como pretende el Ministerio de Hacienda.

Los impositores madrileños se han ahorrado de media dieciseis y quinientos euros en el pago de impuestos desde dos mil cuatro, data en la que comenzaron las consecutivas rebajas de impuestos de los diferentes Gobiernos en la Comunidad. Esta política de impuestos bajos ha supuesto que la zona sea la CCAA más competitiva a nivel fiscal, aportando el sesenta y ocho por ciento del total de los recursos del Fondo de Garantía del que se alimentan los Servicios Públicos de todas y cada una de las Administraciones regionales españolas.

Autonomía constitucional

Para proteger esta autonomía fiscal, la Comunidad de la capital de España resalta 2 artículos de la Constitución: el ciento cincuenta y seis y el ciento cincuenta y siete. El primero recoge que las Comunidades Autónomas “gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias conformemente con los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos y cada uno de los españoles”.

En lo que se refiere al segundo, habla de los recursos con los que cuentan las comunidades, como “los impuestos cedidos total o bien parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado aparte de sus impuestos, tasas y contribuciones especiales”.

De cara a resguardar la independencia autonómica en la administración de los tributos que tiene cedidos, esta Ley pretende fortalecer la vigencia y defensa de los principios constitucionales de la autonomía financiera de la Comunidad de la capital española como presupuesto preciso para el ejercicio de la autonomía política.

Lo quiere hacer en su doble vertiente: la autonomía fiscal, tanto para la determinación de los tributos propios como en el ejercicio de las competencias constitucionalmente atribuidas sobre los tributos cedidos del Estado; y la autonomía en el gasto, en lo que se refiere a la cuantificación y distribución del mismo para el cumplimiento de sus objetivos, sin condicionamientos ni injerencias incorrectas.