Desde el momento en que el Gobierno central aprobara la Ley de Memoria Democrática se ha venido especulando con la posibilidad de retirar la enorme cruz que encabeza el Val de los Caídos, conocido hoy de forma oficial como Cuelgamuros, como otros símbolos que se hallan en su ambiente. A fin de evitarlo, el Ejecutivo madrileño se planteó el mes pasado de noviembre acorazar el sitio a través de una nueva Ley de Patrimonio que regulase los conocidos como ‘nuevos patrimonios’. Como estaba previsto, el Pleno de la Reunión de la villa de Madrid ha aprobado este jueves la regla con los votos de PP y Vox, cuyas enmiendas han sido admitidas en su totalidad.

De este modo, el Ejecutivo aspira a “reforzar la protección del patrimonio” y, al tiempo, “garantizar la conveniente conservación y difusión de sus bienes”. El término de ‘nuevos patrimonios’ incluye distintivos y símbolos relativos a campos muy diversos: del patrimonio etnográfico al inmaterial, pasando por el industrial, el científico y el tecnológico. Prueba del mayor interés por la conservación es el establecimiento de un nuevo nivel de protección, el de los Clasificados, que se aúna a los ya conocidos Recursos de Interés Cultural (BIC) e Interés Patrimonial (BIP). Además, se crea el Catálogo de Patrimonio Cultural de la Comunidad de la villa de Madrid.

Singular interés acumula lo referente a la conservación y difusión del patrimonio cultural y etnográfico, y es que el nuevo reglamento, aparte de actualizar los instrumentos de protección actuales hasta la data, amplía esta noción con el propósito, apuntan, de fortalecer la cohesión social. Así, pasaría a incluir «todos y cada uno de los recursos muebles, inmuebles, inmateriales, espacios o elementos que formen testimonio y expresión significativos de la identidad, la cultura y las formas de vida tradicionales de la Comunidad».

Específicamente, el artículo 73c de la regla es el que aborda los recursos que recogidos en la categoría de patrimonio etnográfico. Este apartado fija la vista en la arquitectura religiosa, reuniendo “martirios tradicionales y cruces”. Asimismo todos aquellos “elementos ornamentales y recursos muebles” que tengan relación con “el bien patrimonial a proteger”.

Del convocado artículo se extrae el singular grado de protección al que podría acogerse, con el visto bueno anterior por la parte de técnicos especialistas en la materia, la cruz del Val de los Caídos, situada en el municcipio de San Lorenzo de El Escorial. Este símbolo cuenta además de esto con el récord Guinness como la cruz más grande del planeta, con un tamaño de ciento cincuenta y dos con cuatro metros.

En especial interesado en la cuestión se ha mostrado desde hace unos meses el conjunto parlamentario de Vox, que ya ha reclamado en numerosas ocasiones la declaración del Val de los Caídos como BIC para resguardarlo de la “barbarie totalitaria” y el “ejercicio de rencor, opresión y revanchismo” que, a su juicio, supone la Ley de Memoria Democrática. En esa línea, los de Rocío Monasterio han registrado ya múltiples Proposiciones No de Ley en la Reunión de la capital de España.

El bloque de la izquierda, por su lado, se ha servido del discute en sede parlamentaria para criticar lo que consideran una regla basada en el “sectarismo ideológico”. También, han coincidido en apuntar cara una posible «invasión de competencias» que pertenecen al Ejecutivo de España. Asimismo ha señalado que la falta de acuerdo puede traer consigo “una ley muerta”.

El texto aprobado, que viene a actualizar el régimen legal actual desde el año dos mil trece, va a entrar en vigor tras su predisposición en el Folleto Oficial de la Comunidad (BOCM).

Leyes de Ficheros y del Libro

Paralelamente a la aprobación de la nueva Ley de Patrimonio, el Pleno de la Reunión de la villa de Madrid ha dado luz verde a las leyes de Ficheros y Documentos de la Comunidad de la villa de Madrid, como la del Libro, la Lectura y el Patrimonio Bibliográfico.

El nuevo marco normativo en materia de ficheros y documentación, que ha contado con los votos en favor de PP, Vox y Unidas Podemos, pretende regular la adecuada conservación y tratamiento de los documentos públicos, incluidos aquellos que se presenten en formato digital. De esta manera, se supera uno de los grandes debes la ley en vigor, aprobada hace más de dos décadas.

Otra de las grandes novedades es la restricción en el momento de externalizar la «guarda y custodia de documentos públicos», que va a pasar a estar limitaada en exclusiva a situaciones de emergencia. En lo que se refiere al derecho de acceso, el texto trata de favorecerlo, adaptándose así a lo recogido por la Ley de Trasparencia y de Participación regional.

De la misma manera que en el caso de la Ley de Ficheros y Documentación, la regla sobre el Libro, la Lectura y el Patrimonio bibliográfico viene a actualizar la normativa en vigor a través de su adaptación al ambiente digital. Con esto se pretende además de esto promover los hábitos de lectura y «fortalecer la creación, edición, distribución y comercialización del libro». En un caso así, se ha contado solamente con los votos convenientes de PP y Vox.

Al término de la sesión, la consejera de Cultura, Marta Rivera de la Cruz ha expresado su satisfacción por la aprobación de las 3 normas: «Parecía patraña que lo fuéramos a lograr, mas al final lo hemos hecho. Son 3 leyes fundamentales y precisas». Respecto a la falta de acuerdo, la consejera ha puesto en valor la escucha activa ante asociaciones y especialistas. Asimismo la aprobación de enmiendas planteadas por todos y cada uno de los conjuntos. «Lo esencial es que las leyes salgan adelante», ha zanjado.