El plan de ahorro energético va a entrar en vigor el próximo miércoles. Estas medidas han generado diferentes creencias en las comunidades autónomas, a la negativa de la capital de España se le han sumado otras 4 autonomías: Andalucía, Castilla y León, Murcia y Galicia.

La presidente de la Comunidad de la villa de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, recurrirá al Tribunal Constitucional el plan de ahorro energético por «invasión de competencias». Paloma Martín, consejera de Medio ambiente, Residencia y Agricultura en la zona ha explicado en su cuenta de Twitter los motivos por los cuales han decidido recurrirlo.

Desde Castilla y León asimismo se han mostrado muy disconformes con la medida. El gobierno de Mañueco ha pedido al Presidente la derogación del R. D. ley. Además de esto, han propuesto medidas para combatir esta crisis ecónomica y energética.

Otras comunidades asimismo lo han criticado, es el caso de Galicia, Murcia o el País Vasco. Todos coinciden en que ha habido «falta de acuerdo» por el hecho de que esta resolución debería haberse aprobado reuniendo a todas y cada una de las partes implicadas: autonomías, empresarios y municipios.

Pedro Sánchez solicita «responsabilidad» al PP

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha pedido al conjunto de administraciones públicas y al PP «unidad, responsabilidad y solidaridad con el resto de países europeos» para cumplir con el real decreto de ahorro energético aprobado por el Ejecutivo y que va a entrar en vigor este miércoles.

Frente al recurso de inconstitucionalidad que presentará la Comunidad de la villa de Madrid y frente a las críticas del resto de comunidades regidos por el PP, Sánchez ha insistido en solicitar «unidad para con Europa, responsabilidad y solidaridad». «Sé que es predicar en el desierto por el hecho de que padecemos una oposición negacionista en todos y cada uno de los campos», ha lamentado.

Sobre la petición del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de convocar una Conferencia de Presidentes para abordar este plan de ahorro energético, Sánchez no ha aclarado su situación, mas ha protegido que el Gobierno ha estado en contacto con comunidades, conjuntos políticos y el ámbito privado ya antes de la aprobación del real decreto en Consejo de Ministros.